No es raro oír hablar de países que utilizan el software espía Pegasus de NSO Group para espiar a la población, pero ahora existe la preocupación de que un gobierno se esté espiando a sí mismo. Fuentes de The New York Times y The Washington Post alegan que se encontró a Pegasus en el teléfono del subsecretario de derechos humanos de México, Alejandro Encinas, un antiguo aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de al menos dos empleados de la oficina de Encinas. Si bien no hay evidencia concluyente que señale al culpable, esto se debe a que Encinas ha estado investigando presuntos abusos de poder por parte de los militares desde 2022, incluida la infame desaparición de 43 estudiantes en Iguala en 2014.
El equipo de investigación de Citizen Lab de la Universidad de Toronto descubrió el Pegasus durante una auditoría de 2022, según una fuente de The Post. Según The Times, el teléfono de Encinas ha sido pirateado más de una vez, incluido el año pasado cuando encabezaba una comisión para investigar las desapariciones en Iguala. Culpó de la tragedia a policías, militares, algunos funcionarios y narcotraficantes. Al parecer, Encinas informó a Obrador del espionaje en marzo de este año, pero ha permanecido en silencio desde entonces.
Encinas, Citizen Lab y la Secretaría de Defensa de México ya se negaron a comentar. El Grupo NSO le dice a The Times en un comunicado que está investigando «todas las acusaciones creíbles» de uso indebido y está rescindiendo los contratos cuando encuentra problemas.
En la conferencia de prensa, Obrador mantuvo al mínimo la supuesta vigilancia y no cree que los militares tengan la culpa. Sin embargo, los críticos anticorrupción Ángel Buitrago y Eduardo Bojorquez están preocupados de que el ejército mexicano pueda usar Pegasus para tomar represalias contra Encinas, lo que indica una falta de supervisión gubernamental efectiva del proceso.
El propio NSO Group se ha enfrentado a críticas generalizadas. Estados Unidos prohibió el comercio con la empresa en 2022 por supuestamente vender software espía a gobiernos autoritarios que han utilizado herramientas para eliminar la disidencia al monitorear a activistas y periodistas. La NSO niega el abuso e incluso ha contratado a un abogado de difamación que ha acusado a algunos periodistas de tergiversar su negocio.
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